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Los inmigrantes sin
papeles que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta
18 meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita
su expulsión. Podrán ser detenidos con una mera orden administrativa
y una vez expulsados no podrán volver a la UE en cinco años.
De los 662 diputados
que han emitido sus votos, 367 han votado a favor del texto, 206 en
contra y 109 lo han hecho en blanco.
El texto ha recibido
el apoyo mayoritario del grupo popular europeo, incluida la
delegación española, y de los liberales. Los socialistas han votado
divididos, algo que ya se anunciaba desde ayer: los españoles,
aunque defendían formalmente las enmiendas presentadas por su grupo,
tenían la intención de votar a favor ?el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, socialista, lo apoyaba. Los verdes e Izquierda
Unitaria han votado si fisuras en contra.
El grupo socialista
presentó ayer, primer día de debate, varias enmiendas, que han sido
rechazadas hoy. De haberse aprobado alguna de ellas, la tramitación
debía volver al comienzo: otros dos o tres años, que habrían dejado
bloqueados 676 millones de euros del Fondo Europeo de Retorno para
el periodo 2008-2013. Los Gobiernos, que ya dieron su visto bueno al
texto sobre el que ahora co-decide el Parlamento, quieren ese dinero
para financiar parte de sus gastos de repatriación de inmigrantes,
por lo que habían presionado a los diputados para que le den luz
verde. Una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la UE, los
Estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en
sus respectivas legislaciones nacionales. Habrá un año adicional
para introducir el punto que garantiza asistencia legal gratuita a
los inmigrantes.
Política de expulsión
La directiva tiene
como objetivo armonizar las políticas sobre el tratamiento que debe
darse a los inmigrantes sin papeles que lleguen a territorio
europeo. Intenta facilitar las repatriaciones voluntarias, para las
que establece un plazo de entre 7 y 30 días. En caso de que el
inmigrante no decida marcharse, prevé que pueda ser detenido por una
orden administrativa -antes tenía que venir de un juez- confirmada
judicialmente a posteriori. Una vez detenido, el inmigrante podrá
pasar seis meses en un centro de internamiento, ampliables a 18 si
se complica el periodo de repatriación -España, por ejemplo, tiene
un límite muy inferior, de 40 días, y otros países ni siquiera
ponían plazo al periodo de retención. Una vez expulsado, el
inmigrante no podrá volver a poner los pies en Europa en cinco años,
salvo que se vaya voluntariamente.
También prevé la
norma que puedan ser expulsados los menores no acompañados, aunque
con ciertas garantías adicionales.
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